El Senado aprobó en general un controversial proyecto que permitiría a reos mayores de 70 años cumplir sus condenas en arresto domiciliario. Conoce a los autores de la iniciativa y por qué el Ejecutivo y exfiscales acusan que beneficiaría a los peores criminales del país.
En los últimos días, las redes sociales y los pasillos del Congreso Nacional se han encendido por el avance de una iniciativa legislativa que ha generado un rechazo transversal desde el oficialismo hasta agrupaciones de Derechos Humanos.
Se trata del proyecto de ley (Boletín 17.370-17) que busca otorgar el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad a internos de la tercera edad o que padezcan enfermedades terminales. La iniciativa fue ingresada por los senadores Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel.
Este miércoles 4 de marzo, el Senado aprobó el proyecto «en general» en una estrecha votación de 23 votos a favor y 22 en contra. Sin embargo, los críticos advierten que la redacción actual de la norma abriría la puerta para liberar a violadores de derechos humanos, abusadores de menores y asesinos en serie.
¿De qué trata exactamente el proyecto de ley?
La iniciativa establece modificaciones para que ciertos reclusos puedan abandonar las cárceles y pasar a cumplir sus sentencias bajo la modalidad de arresto domiciliario total.
Para acceder a este beneficio, el proyecto establece requisitos específicos de salud y edad:
Enfermedad terminal: Internos que padezcan una condición médica incurable.
Mayores de 80 años: Internos que hayan cumplido ocho décadas de vida.
La regla de los 70 años: También beneficiaría a quienes alcancen la cifra de 80 como resultado de la suma de su edad real más los años que efectivamente han estado privados de libertad, exigiendo siempre tener una edad mínima de 70 años.
Es precisamente la falta de distinción en el tipo de delitos lo que desató la controversia. Al ser una ley general, no excluye explícitamente a quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad o delitos graves de connotación pública.
Los nombres de la polémica: ¿Quiénes saldrían a la calle?
La alarma la levantaron rápidamente organizaciones civiles y reconocidos abogados, quienes pusieron sobre la mesa los nombres de alto perfil que podrían acogerse a esta ley si llega a aprobarse tal como está:
1. Miguel Krassnoff y los reos de Punta Peuco El debate se ha centrado en el eventual alcance que la norma podría tener respecto a condenados por delitos de lesa humanidad. Entre los principales beneficiados estaría el ex agente de la DINA, Miguel Krassnoff, quien supera ampliamente los requisitos de edad.
2. Eduardo Macaya y «La Quintrala» El exfiscal Carlos Gajardo advirtió públicamente sobre las consecuencias de la normativa. Según Gajardo, la falta de exclusión de delitos beneficiaría a una larga lista de criminales, mencionando casos como el de María del Pilar Pérez («La Quintrala») y el empresario Eduardo Macaya.
3. El «Psicópata de Alto Hospicio» y el caso Ámbar El académico y exfiscal también alertó que este artículo abriría la puerta a que condenados a presidio perpetuo, como Julio Pérez Silva (el «Psicópata de Alto Hospicio») o Hugo Bustamante (el asesino de Ámbar Cornejo), puedan acogerse al beneficio en el futuro al cumplir los requisitos de edad.
La dura postura del Gobierno y el Congreso
Durante la tramitación, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, manifestó la total disconformidad del Gobierno. El secretario de Estado fue tajante al señalar que el proyecto es contrario a las obligaciones internacionales que tiene el país en materia de derechos humanos. Por su parte, la senadora Yasna Provoste anunció que hará reserva de constitucionalidad.
Es fundamental aclarar a la ciudadanía que esta iniciativa aún no es ley. La aprobación en el Senado solo significa que se aceptó discutir la idea general del proyecto. Actualmente, se fijó un plazo hasta el 16 de marzo para la presentación de indicaciones en la Comisión de Constitución, donde se intentará modificar el texto para excluir los delitos graves.